La crisis de la vivienda es un gran problema sin duda, con un enorme impacto social que ha estallado tras el bochornoso desahucio de una mujer de 87 años que pagaba puntualmente el alquiler estipulado, de una vivienda en la que habitaba desde hacía 71 años, el llamado caso Maricarmen. Tradicionalmente se consideraba que el estado social o del bienestar se sostenía sobre cuatro pilares básicos, sanidad pública, educación, pensiones y servicios sociales como la ley de dependencia. Pero en los últimos años se ha integrado la vivienda como el quinto pilar fundamental del estado social, (aunque hasta hoy, solo lo es en teoría evidentemente).
Como decíamos, un problema de gran repercusión social que afecta a cientos de miles o millones de personas al encontrarse con precios inasumibles. Que les impide a los más jóvenes emanciparse, pensar en un proyecto de familia, o que expulsa a jóvenes o a ciudadanos de un amplio estrato social de las ciudades o de sus barrios de origen, con todo el impacto negativo que esa misma despoblación puede provocar en esas ciudades, o pensar en un proyecto de futuro en el entorno de sus vínculos y arraigos sociales, o que les obliga a vivir en auténticos cuchi trines, y encima con precios reventados al alza. Un enorme problema, que actúa como la espada de Damocles esperando tras cada esquina cuando se acaba el contrato, o reciben el aviso o un burofax del casero, o cuando son coaccionados o presionados de una manera u otra a dejar la vivienda. Una situación esta, que lleva a mucha gente a una vida de angustia, ansiedad, depresión y desolación.
El desahucio de Maricarmen ha traspasado fronteras y desatado empatía en mucha gente y un gran movimiento social contra esta situación tan adversa que afecta a tantas personas en nuestro país. Pero su muerte inesperada en plena campaña preelectoral dos semanas después del desahucio en un hospital, seguramente provocado en parte por 7 años de angustia luchando ante el poder de un fondo de inversión (también conocidos como fondos buitre) que la desahucio de su vivienda, le han pasado factura. Una desgracia que la ha convertido en el símbolo de esta lucha y despertado las conciencias de mucha gente, unas conciencias que parecían aletargadas aceptando y naturalizando su destino, pero que han despertado con más fuerza si cabe poniendo en pie ha mucha gente. Sin duda alguna, este caso y posterior muerte convulsionará esta precampaña y campaña electoral. Teniendo ya de inmediato, efectos positivos para mucha gente, y seguramente tendrá efectos políticos en el futuro, en la politica de nuestro país. Esperemos que positivamente para los cientos de miles de personas afectadas por este gravísimo problema.
Pero vallamos a la cuestión en sí, y argumentemos nuestra critica objetivamente. Pero primero, aunque parezca imposible, este caso ha desatado en mucha gente también, mofas, burlas, opiniones y comentarios deleznables y de una vileza imposible de reproducir. Igual que la negativa de algunos, a guardar ni tan siquiera un minuto de silencio en su recuerdo en actos oficiales u otras instituciones públicas. Como tambien como es obvio, opiniones y comentarios en algunos políticos, periodistas o analistas políticos entre otros conocidos altos cargoso. Aunque esquivan hablar, incluidos algunos economistas de renombre, de la especulación y de los fondos de inversión y sus más que posibles nefastas consecuencias para mucha gente, o rechazan tajantemente la intervención del estado con medidas reguladoras sobre este asunto tan peliagudo, o apelan siempre únicamente y exclusivamente a las leyes del mercado y a la libertad de mercado como la única y la mejor de las soluciones, o únicamente, también, a que este problema solo se puede resolver construyendo vivienda para equilibrar la oferta con la demanda, o hablan solo de proteger a los pequeños propietarios de una o dos propiedades de alquiler, sin ni tan siquiera en muchos casos, mostrar preocupación por las nefastas consecuencias que está afectando a otra mucha gente al tratarse de un bien de tan vital importancia. Es por todo ello, por lo que creemos necesario y más que interesante hablar de este gran problema.
Evidentemente este problema viene de más lejos, pero este movimiento estalla tras el desahucio de esta señora a finales de septiembre, que es cuando se anuncia de manera urgente la presentación de un real decreto ante el parlamento. Un real decreto considerado de mínimos por muchos, que supone solo un primer paso intentando paliar las situaciones más urgentes, conocido como el decreto Maricarmen. Que para sorpresa de casi nadie ha sido tumbado en el congreso de los diputados, por el PP, VOX y JUNS per Cataluña, provocando el final de la legislatura y convocatoria de elecciones.
Unos comentarios y opiniones algunas de ellas, que, por la propia falta de argumentos sólidos vale la pena recordar porque se han convertido ya en todo un clásico también, que utilizan en otras muchas ocasiones, que tampoco sorprenden ya a casi nadie. Como lo que decía uno de estos periodistas, que las medidas que se piden para paliar esta situación son radicales. Un argumento que se utiliza en muchas ocasiones, pero que no quiere o no sabe distinguir donde esta, o que es una situación radical. Porque sin duda alguna, radicales son las condiciones y exigencias que se le piden a la gente, como las propias consecuencias de la despoblación autóctona de las ciudades, o como son las consecuencias indirectas que pueda tener sobre la baja tasa natalidad, y por supuesto también, esa situación que provoca angustia, ansiedad y desamparo a la que llevan a cientos de miles de personas desahuciadas, o pendientes de renovar su contrato o presionadas para que dejen la vivienda con todo lo que ello supone.
Provocado especialmente por fondos de inversión que han acaparado miles de viviendas en nuestro país para especular y obtener el máximo beneficio. Lo que supone que la vivienda en nuestro país se ha convertido en un nicho de negocio muy rentable y un buen refugio para el dinero que ha traspasado fronteras atrayendo inversión. Unos fondos de inversión que poseen en torno a unos 150 mil millones de euros en bienes inmobiliarios según los datos hechos públicos. Todo ello, con un bien tan necesario, vital, básico con un derecho tan fundamental como el de la vivienda.
Que como es evidente y se ha reconocido, la solución a este problema no esta en ese real decreto de mínimos que tumbaron, porque tiene diferentes frentes y es complejo se necesita tiempo y es necesaria la intervención del estado con medidas de envergadura. Por eso, en contra de la opinión generalizada del bloque de la derecha, para otros muchos, el estado tiene que intervenir y regular un problema como este que las leyes del mercado por si solas no van a solucionar, algo que es posible contrastar.
Otro de esos comentarios u opiniones que se dicen, cuando se carece de argumentos sólidos, es lo que dijo otro de nuestros analistas políticos, y que comparte como estrategia con otros muchos. Al decir, que el problema de la vivienda no se ha arreglado porque el gobierno de coalición en 8 años no ha dialogado con la oposición, ósea con el PP y con VOX. Esto en otro momento menos dramático, como broma estaría bien. Porque estas entidades políticas en el mejor de los casos, han considerado ilegitimo a este gobierno desde el primer momento que se formó, intentando tumbarlo y desacreditarlo por todos los medios y maneras posibles y oponiéndose a todo lo que propusiera fuera lo que fuera. Hasta votar 8 veces que sepamos, en contra de todas las medidas presentadas que intentaban dar alguna solución por mínima que fuera. O negándose a cumplir la ley aprobada encaminada a atajar este problema, como han hecho algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP. Llegando a decir alguno de estos analistas, que era coherente que no la aplicaran, puesto que iba en contra de la ideología del PP.
Vale la pena pararse a pensar sobre este ultimo argumento por lo mucho que se utiliza, y porque para muchos todo lo que no gusta es ideología. Primero, el sustantivo ideología proviene etnológicamente de (visión sesgada). Y, por otra parte, la ideología es un elemento de la psique humana sumamente subjetivo, siendo la subjetividad, aquello que pertenece al sujeto y siente de manera única. Ya que nuestra ideología como elemento subjetivo, se construye a partir de interpretaciones personales, como valores culturales o familiares, emociones y sentimientos o factores sociales más que de hechos puramente objetivos. Que pueden conformar nuestra psicología y conducta social, como pueden ser nuestro propio estatus social, estrato y origen sociológico, experiencias vividas de diversa naturaleza, influencias sociales diversas, un contexto cultural, necesidades o aspiraciones personales, creencias, religión, tradiciones, sentimientos etc. En definitiva, un conjunto de experiencias, ideas, creencias, valores y emociones, compartido por una persona, un grupo o una sociedad.
Que puede servir para explicar la realidad, orientar la conducta social y justificar o trasformar un determinado orden político, económico o cultural, y, por tanto, ideológicamente somos susceptibles de proceder de parte, parcialmente, de manera sesgada, igual que tendemos de manera inconsciente a adaptar la realidad objetiva a la manera de sentir, pensar y de ver el mundo que tiene la persona que la observa y valora.
Pero la defensa de los derechos fundamentales en los que se asientan el estado de derecho democrático y social, como pueden ser la vivienda, o la propia declaración universal de los derechos humanos no tienen sesgo ideológico ni pueden ser ideología. Siendo por ello imposible justificar decisiones de esta naturaleza desde una perspectiva ideológica.
Siguiendo con las declaraciones y comentaros u opiniones más gruesas y disparatadas que también se hicieron sobre este caso, y que muchos repiten como mantras sagrados convertidos en verdades absolutas, y poderlas contrastar con la realidad objetiva de los hechos. Es interesante por ello, resaltar, por ejemplo, lo que decía el presidente de la CEOE, la patronal empresarial, que tambien se ha sumado a las criticas contra este real decreto. Diciendo que va contra la propiedad privada y los pequeños ahorradores, y que tiene tintes políticos y electoralistas. Abonando la tesis de que la intervención del estado hace que los propietarios retiren pisos del mercado de alquiler. Porque evidentemente desde la perspectiva de la derecha neoliberal, solo con las reglas propias del libre marcado se regula por sí mismo, estabiliza los precios y pone pisos en el mercado de alquiler.
Pero la crítica de lo imposible es lo que dijeron el líder del PP, y la portavoz de VOX que coincide con estos 8 años del gobierno actual, siempre intentando culpabilizar al actual gobierno y su presidente de todos los males que aquejan al mundo. El primero decía que nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años de gobierno, con un decreto que tiene como único objetivo seguir en el gobierno. Como también decía que el decreto Maricarmen es una trampa. igualmente dese VOX, se decía que el gobierno a generado las condiciones ideales para que se especulara con la vivienda, y ahora pretenden arreglar en media hora lo que no han hecho en 8 años, provocando el mayor desastre social que se recuerda en nuestra democracia.
Es evidente que estas últimas críticas, igual que la de otros muchos, se centran en estos últimos 8 años del gobierno de coalición, rezumando una buena dosis de cinismo. Primero porque estos mismos, han votado en contra hasta en 8 ocasiones contra medidas incluso de mínimos, algunas de ellas, que podían haber aliviado la situación, o que a la mínima en que el gobierno propone alguna medida de cualquier tipo, salen en tromba con los clásicos, esto es comunismo bolchevique, medidas de republicas bananeras, o chavismo bolivariano entre un largo etc., o porque no dicen que las competencias en materia de vivienda están traspasadas a las Comunidades Autónomas, igual que tampoco hablan del propio sistema, que sobre la enorme fuerza de la corriente ideológica del libre mercado y sobre la premisa y la lógica de maximizar el beneficio, impone su dinámica y la lógica del libre mercado al no existir regulación que lo contenga. Pero son la regulación y las normas impuestas al libre mercado cuando este se desboca, las que consiguieron poner orden, algo que es posible contrastar con la realidad de los hechos.
Es evidente que esas declaraciones son estrategias que niegan la realidad para tergiversarla y poner el foco en otro sitio. Como si este problema de la vivienda se hubiera originado desde el 2018 cuando empezó a gobernar este gobierno, como también parecen negar la especulación, como si la especulación no hubiera existido jamás, o ya tirando de ironía, como si la historia de la vida en la tierra se hubiera iniciado hace 8 años.
Pero la especulación ha estado presente y ha sido habitual a lo largo de la historia en nuestro país y fuera de nuestro país. Porque la especulación consiste en comprar bienes, mercancías, acciones o inmuebles baratos y venderlos caros en el más corto plazo posible, ya que se persigue el beneficio rápido buscando básicamente las fluctuaciones del mercado. Igual que consiste en muchas ocasiones, en acaparar mercancías y bienes de primera necesidad, esperando que la carencia de esos bienes acaparados, ósea la falta de oferta, hagan subir los precios de manera artificial.
Para contrastar estas críticas y esa férrea negación a la intervención de los poderes públicos, con la realidad objetiva como decíamos. No hace falta irnos muy lejos en el tiempo. Basta con recordar el crac del 29 en Wall Street (EEUU), el año 1929 en el que ya aparece la especulación como origen de una gran crisis. Porque fue el año de la gran depresión, la enorme crisis bursátil que tuvo repercusiones mundiales y catastróficas que trasformaron la economía, la sociedad y la politica mundial durante la década de 1930. Al ser EEUU el principal motor económico y financiero tras la primera guerra mundial, que tras ese colapso arrastro al resto o buena parte de las economías del mundo en un efecto domino. Un crac provocado por una especulación gigante impulsada por la compra de acciones con dinero prestado, sin relación con el valor real de las empresas. Inversores que compraban acciones con precios inflados artificialmente con dinero prestado casi en su totalidad, confiando en que los precios subirían para siempre, y bancos que prestaban sin garantías reales ni supervisión del estado.
En la que hubo además, una combinación endiablada, una gran producción con un bajo consumo, ya que la industria y la agricultura producían más de lo que la gente compraba. Porque existía un trasfondo social de gran desigualdad, por una muy desigual distribución de la riqueza que se creaba, frenando la capacidad adquisitiva y el consumo real en mucha gente, ósea el capitalismo liberal en estado puro campando a sus anchas, como fue calificado.
Fue tras la llegada a la presidencia de EEUU de Franklin Delano Roosevelt en 1933, que se intervino en la economía y se impusieron estrictas normas económicas y financieras, para evitar que una catástrofe como el crac de 1929 volviera a repetirse, imponiendo una larga lista de medidas reguladoras. El economista y premio nobel de economía Joseph Stiglitz nos decía en una ocasión después de la crisis del 2008, que después del crac del 29 y tras el final de la segunda guerra mundial en 1945, hubo unos de 30 años en los que no se produjeron crisis financieras ni burbujas. Porque esas normas estrictas lo impedían. Pero a partir de los años 80 con la revolución conservadora y el fundamentalismo neoliberal e influenciados por esa fe ciega en el libre mercado que impulsaron Margaret Thatcher y Ronald Reagan esto cambio. Al irse eliminando estas normas de forma gradual que culmina el 12 de noviembre 1999 cuando el gobierno de EEUU derogo la emblemática ley Glass Steagall. Una ley bautizada con los apellidos de los dos legisladores que la redactaron, y que fue impuesta en 1933 tras el crac del 29 que separaba la banca comercial (de depósitos) de la banca de inversión (riesgo de bolsa).
Hoy sabemos, que a partir de que comenzaran a decaer y desregularizarse esas normas que se impusieron en 1933, desde los años 80 hasta la derogación de la ley Glass Steagall en 1999. Se han producido unas 12 crisis sistemáticas de gran envergadura, acompañadas de mas de 100 crisis cambiarias y bancarias locales en todo el mundo según registros del FMI fondo monetario internacional. El mencionado J. Stiglitz decía sobre esta cuestión, que al final no es la economía, es el hombre y su codicia. Porque desde el fundamentalismo neoliberal se decía, que si los mercados se regulan solos para que queremos normas. Pero eran esas normas precisamente las que impedían esas crisis.
Esa desregularización, falta de normas y la especulación, nos lleva a la crisis financiera de 2008, que aquí en nuestro país una gran mayoría recordamos muy bien, porque en alguna manera, aún seguimos afectados por sus secuelas. No hace falta extenderse mucho tampoco, solo subrayar causas concretas y relevantes sobre esta cuestión que nos ocupa y lo decisivas que fueron, para comprobar y ver que en el centro de aquella crisis de 2008. Está igualmente la falta de regulación, de supervisión y verificación, de unas normas estrictas a las que tanto se oponen, y que provocan la especulación o la subida de precios artificialmente.
Por diversas circunstancias que se dieron en EEUU, llevaron a que el mercado inmobiliario fuera la mejor opción para invertir. Ya que era una inversión sobre un bien real seguro, con tipos de interés e hipotecas baratas, (ya que habían bajado mucho los tipos de interés en EEUU) y se concedían fácilmente las hipotecas, lo que más tarde serían las (hipotecas subprime o hipotecas basura) lo que disparo la compra y construcción de viviendas elevando los precios artificialmente. Los bancos y prestamistas que concedían esos créditos hipotecarios de alto riesgo (hipotecas basura) asumieron un riesgo muy elevado bajo la premisa de que el precio de la vivienda seguiría subiendo indefinidamente, o eso creían. Los bancos o entidades financieras no se quedaban con esas deudas, sino que las empaquetaban juntas y lo trasformaban en un solo producto financiero generalmente títulos de 100.000 euros (bonos de titulación) lo que serían más tarde en realidad (bonos tóxicos o hipotecas basura) obteniendo con ello de nuevo liquidez despreocupándose de esas hipotecas y de su largo plazo. Unos títulos que vendían a fondos de inversión, bancos de todo el planeta y fondos de pensiones. Las agencias de calificación crediticia los calificaron con la máxima nota de seguridad ocultando el alto riesgo real que albergaban.
Cuando los propietarios de las viviendas dejaron de pagar de forma masiva sus hipotecas, porque subieron las tasas de interés para contener la inflación y como consecuencia bajaron los precios de las viviendas, estos bonos perdieron su valor de la noche a la mañana, y se convirtieron en (bonos basura). Sin saberse realmente que instituciones poseían estos activos podridos en sus balances. Entonces los bancos dejaron de prestarse dinero entre sí. Lo que desato la paralasis del crédito y el desplome financiero mundial en 2008. Esas hipotecas de alto riesgo llevo a la caída de Lehman Brothers el 15 del 9 de 2008. Ya que este invirtió de forma masiva, hasta unos 600.000 millones de dólares en activos respaldados por hipotecas de alto riesgo. Que se contagió a la economía real y dio paso a una deuda de crisis soberana en Europa afectando a varios países entre ellos España.
Uno de los detonantes más decisivos, que produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria en España y la crisis financiera en nuestro país de 2008. Fueron estos bonos o paquetes de titularización tóxicos de alto riesgo (hipotecas basura). Ya que fueron el principal motor de financiación de aquella burbuja inmobiliaria y la crisis que se desato en 2008. Aunque desde otra lógica muy diferente, España también copio este producto bancario, y entre los años 2000 y 2007 las emisiones de bonos de titularización en España crecieron a un ritmo interanual del 51%. Los bancos y cajas de ahorros cogían sus carteras de hipotecas las convertían en bonos de titularización los troceaban en miles de partes empaquetados en bonos generalmente de 100,000 euros y las vendían en los mercados mayoristas internacionales principalmente inversores europeos (Alemania y Francia) especialmente. Así se recuperaba dinero prestado a la largo plazo aminorando de paso el riesgos de tan largo plazo, y así volvía a España dinero fresco para conceder más hipotecas y créditos a promotores, inflando los precios de las viviendas. Hasta que las hipotecas de EEUU empezaron a fallar en 2007 el pánico se extendió por el mundo. Los inversores internacionales dejaron de confiar en cualquier bono hipotecario sin importar el país de origen. Y el mercado mayorista se cerro por completo para las entidades españolas.
Como muchos recordamos, aquella crisis provoco muy negativas y dolorosas consecuencias. Como la perdida de bienes hipotecados aun cargando con parte de la deuda por la pérdida de valor de las viviendas hipotecadas, endeudamiento y ruina en muchas familias, quiebra de empresas y un paro prolongado y desbocado que alcanzo hasta algo más del 27%. Una crisis que se generó desde dentro mismo del sistema. Porque otro elemento decisivo en aquella crisis en nuestro país, fue la Ley 6/ 1998 del 13 de abril. Sobre régimen de suelo y valoraciones promovida por el gobierno del PP en 1998. Fue una norma que estableció el principio de que todo suelo era urbanizable por defecto, salvo aquel que no estuviera expresamente protegido o declarado como no urbanizable. Era una ley que buscaba liberal e incrementar la oferta del suelo, profetizando que abarataría el precio de la vivienda. Porque fue una ley que se basada en la idea de aumentar de forma masiva la oferta de suelo para abaratar el precio de la vivienda. Estuvo en vigor desde abril de 1998 hasta el 1 de julio de 2007, siendo sustituida por una nueva legislación estatal.
Pero como sabemos, en vez de bajar los precios, las consecuencias de aquella liberalización masiva de suelo impulso un modelo económico basado en la especulación inmobiliaria y el sector de la construcción, alimentado por la concesión casi ilimitada de créditos e hipotecas a largo plazo que permitía pagar hipotecas relativamente asequibles, de precios de vivienda artificialmente muy altos. Porque se multiplico entre 1998 y 2008 escandalosamente el precio de la vivienda en España, aun coincidiendo con la construcción de millones de viviendas. Se calcula que se construyeron en torno a 6 millones de viviendas, ya que se construía igual que Italia, Francia y Alemania juntas.
Lo que pone en muy entredicho el mantra tantas veces repetido de que hay que construir y construir vivienda, porque es obvio que necesita de medidas de protección y una regulación específica. Porque hay que recordar al respecto, que gran parte de las viviendas protegidas construidas en décadas anteriores perdieron su calificación de protegidas en 15, 20 o 30 años pasando a la vorágine del mercado libre. Según datos del ministerio de vivienda y agenda urbana. El parque real de vivienda de titularidad pública o vivienda social de C. Autónomas y Ayuntamientos se sitúa en torno a las 318. 000 viviendas, aproximadamente entre el 2 y 3,5 % del total de viviendas en España, muy lejos de la media europea que se sitúa en torno al 9 %. Es obvio que es necesario la intervención del estado, legislar y regular los mercados en cuestiones de tan vital importancia como la vivienda, como en este caso manteniéndolas de titularidad pública. Porque esto nos recuerda lo que nos decía una investigador en políticas de vivienda de la universidad Pompeu Fabra en noviembre de 2024. Que el gobierno tendría que blindar a perpetuidad y mantener fuera de la especulación el parque de vivienda pública. Porque si los 2,7 millones de vivienda publica que se construyeron desde la transición se hubieran mantenido de titularidad pública, hoy estaríamos en torno al 20% con respecto de Europa.
Solo basta con recordar el ejemplo de Viena muchas veces referido. En las que se establecieron unas medidas regulatorias que vienen de lejos, año 1917. Imponiendo un precio máximo, de alquiler en la vivienda, que hoy no puede superar el 30% de los ingresos de los inquilinos. Donde promotores, constructores y arquitectos han de seguir unas reglas preestablecidas. Dejando poco espacio para la especulación. Un modelo que goza de prioridad independientemente del partido que gobierne, ya que el derecho a una vivienda es una prioridad para el ayuntamiento de esta ciudad. Esto hace que 8 de cada 10 ciudadanos prefieran alquilar que comprar.
Ya que, por otra parte, Viena ha mantenido su vivienda de titularidad pública, al contrario de otras grandes ciudades europeas que las vendieron a inversores privados como aquí en Madrid. Que se vendieron a fondos de inversión por parte del ayuntamiento 1860 viviendas de titularidad pública por 128, 5 millones de euros, 2935 viviendas del plan joven, 1865 trasteros, 3084 garajes y 45 locales por 201 millones de euros por parte del gobierno de esta C. Autónoma en 2013 en plena resaca por la crisis de 2008. Una venta que se hizo por un precio por debajo del valor de mercado de esta C. Autónoma e inferior del mínimo exigible jurídicamente.
También es muy interesante recordar otro tipo de consecuencias que provoco aquella vorágine constructiva y falta de regulación. Porque al estallar la llamada burbuja inmobiliaria en España y peligrar el pago de la deuda contraída, especialmente con bancos alemanes y franceses que financiaron en parte aquel frenesí constructivo. Estos presionaron junto al BCE (Banco central europeo) y obligaron al gobierno de España a reformar la constitución de un día para otro. Fue un 26 de agosto de 2011, poniendose de acuerdo de inmediato el gobierno entonces en manos del PSOE con el PP, en la oposición, para cambiar el articulo 135 de la constitución. Una reforma muy antisocial como fue calificada, ya que establece en uno de sus apartados, que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones gozara de prioridad absoluta sobre otras partidas de gasto, como son las propias de un estado social democrático y de derecho que el estado tiene que desarrollar y proteger.
Otras de las consecuencias de aquella crisis fue el aumento de la deuda pública de nuestro país. Ya que, durante aquella vorágine constructiva, según fuentes oficiales, se creó una gran burbuja de deuda privada de empresas, constructoras y familias, que alcanzó un volumen entorno a unos 676.000 millones de euros. Que tras el estallido inmobiliario acabo trasladándose a las arcas del estado, provocando que la deuda pública se triplicara durante aquellos años de crisis. Pasando de representar en 2007 un mínimo histórico del 36,3% respecto del PIB (producto interior bruto) que estaba en torno a unos 385.000 millones de euros de deuda pública. Pasando a ser para el año 2013 del 94,3% respecto del PIB lo que represento que el estado acumulo en términos absolutos en torno a unos 550.000 millones de euros de nueva deuda que se acumulo durante ese perdido 2008 2014. Una deuda según fuentes oficiales, que en 2017 costo al erario público 32171 millones de euros en intereses.
Para finalizar, es muy interesante reflexionar sobre una de las aseveraciones más rotundas que se han dicho desde que estalló el caso Maricarmen. Cuando alguien del PP, dijo que la propiedad es un derecho absoluto, una afirmación de máximos que parece una huida hacia a delante que denota falta de argumentos. Porque lo absoluto es aquello que esta por encima de todo. Lo que nos hace reflexionar y preguntarnos si un estado de derecho puede poner de manera objetiva la propiedad privada incondicionalmente por encima del derecho a algo tan fundamental y vital como la vivienda. Porque lo incondicional es un adjetivo que se refiere a algo o alguien que es absoluto, total que no pone restricciones, condiciones o límites. Pero obviamente, contrastando la realidad de los hechos objetivos, se observa que es la falta de condiciones, limites o normas reguladoras las que han desatado esta gran problemática de la vivienda. Evidentemente la propiedad privada es un derecho incuestionable en un estado de derecho, pero es muy cuestionable que pueda ser un derecho absoluto e incondicional situado por encima de todo, sin restricciones, limites o normas reguladoras, ante un derecho tan fundamental como la vivienda. Porque sin duda alguna ha de estar en equilibrio proporcionalidad y armonía. desde unas leyes y normas reguladoras con esos otros valores y necesidades vitales. Como en este caso es el derecho a la vivienda, y la realidad contrastada no nos desmiente, sino que esa realidad nos reafirma en ello.
Como solemos decir, que cada cual saque sus propias conclusiones.
