En este final de año 2025, a raíz de la imputación y posterior condena al fiscal general del
Estado, una de las máximas autoridades del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha generado un
debate intenso. Esta condena ha sido considerada por prácticamente toda la oposición
política, otros estamentos del Estado y buena parte de la sociedad como un hecho sin
precedentes en España, en el sentido más negativo. Igualmente que para el Gobierno y parte
de esos mismos estamentos, así como para buena parte de la sociedad, también un hecho sin
precedentes, pero en la medida en que ha dejado a la justicia en evidencia, con un proceso de
instrucción irregular, anomalías inéditas, sin pruebas convincentes y con una sentencia final
basada en indicios inconsistentes, habiéndose ignorado los testimonios de varios periodistas
—obligados a decir la verdad como testigos— que afirmaban que el FGE era inocente.
En opinión de mucha gente, se trata más de un juicio y una sentencia política que de un caso
de justicia, lo que hoy llaman lawfare, es decir, la intervención deliberada de la justicia en la
política, creando finalmente más confusión, polarización y fractura social. Como muchas veces
se dice de muchos casos como puede ser este, la justicia no solo debe ser imparcial, objetiva y
ecuánime, sino también parecerlo.
Pero al margen de lo ya debatido y conocido respecto de este caso, y desde la libertad de
opinión que nos asiste, creemos necesario hablar sobre uno de los argumentos en concreto
utilizado. En una entrevista concedida en una televisión privada de ámbito estatal, un juez de
reconocido prestigio negaba rotundamente, al ser preguntado sobre los casos de lawfare en
España, que en nuestro país la justicia interviniera en la política. Añadía también que era
intolerable que algunos afirmaran que en España hubiera casos de lawfare , diciendo
finalmente que en nuestro país la justicia era muy garantista.
Del mismo modo, que hemos oído decir a periodistas y analistas políticos que en España la
justicia era muy garantista, siendo o entendiéndose como si fuera un privilegio otorgado a los
españoles. Pero, en nuestra opinión, al utilizar este argumento —que en nuestro país la justicia
es muy garantista— no solo lo convierte en otra cosa, antes que en un argumento sólido que
se cae por sí solo. Porque la garantía de un proceso de instrucción imparcial y ecuánime, un
juicio y una sentencia objetiva y justa son elementos indisociables entre sí, ya que forman
parte de la naturaleza y esencia de una cosa o algo como puede ser la justicia. Siendo a la vez
la justicia, uno de los tres poderes del Estado, el pilar básico como garante del Estado
democrático y de derecho.
Hecho sin precedente
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